Más de dos millones de electores que no votaron en el plebiscito de salida del 4 de septiembre de 2022 se enfrentan a multas y posibles sanciones.
El Servicio Electoral (Servel) denunció a los infractores ante los juzgados de policía local entre marzo y abril de este año. Las citaciones para declarar ya han comenzado y, en el caso de no haber votado, se arriesgan multas que van desde las 0,5 hasta las 3 UTM, es decir, desde $31.537 hasta $189.222. Si la multa no es pagada, se arriesga una reclusión diurna, nocturna o festiva (por el fin de semana).
Los juzgados comunales citan a las personas que no sufragaron, generalmente dejando el documento en el domicilio del infractor. La citación incluye la fecha y hora en la que deben presentarse a declarar. Los ciudadanos que reciban la citación podrán llevar documentos de respaldo para justificar su inasistencia, como constancia policial por estar a más de 200 kilómetros de su domicilio electoral durante el día de la votación, un certificado médico o un pasaje que demuestre haber estado fuera del país.
Una vez que la persona se presente ante el juez de policía local, se le preguntará por las razones de su inasistencia y, al término de la instancia, se le informará la eventual multa que deberá pagar. El plazo para pagar la multa es cercano a un mes. Si la multa no es pagada, se arriesga una reclusión que dependerá de la cantidad de la multa.
La presidenta del Instituto Nacional de Jueces de Policía Local, Carola Quezada, explica que aquellos que no paguen la multa arriesgan reclusión diurna, nocturna o festiva. Además, Quezada confirma que las personas que no voten en las elecciones del domingo 7 de mayo también arriesgan multas y posibles sanciones. Aunque la reclusión es una sanción por no pagar la multa, la multa seguirá siendo válida y no se sustituye por la reclusión.