La familia de la suboficial mayor de Carabineros, Rita Olivares, ha presentado una querella para ser parte de la investigación del crimen ocurrido el 26 de marzo.
Siete personas ya han sido formalizadas por el delito, y ahora la familia busca la persecución penal de los responsables y también solicitar aquellas diligencias necesarias para determinar si el Estado cumplió o no con su obligación de velar y resguardar la vida de Olivares, quien era una funcionaria pública.
Según el abogado Claudio González, quien representa a la familia, “nosotros no vamos a hablar mal de Carabineros, solamente vamos a decir que entiendo que Carabineros hace lo que puede con lo que tiene. Nuestra intención es determinar si el Estado cumplió o no con su deber de velar por la seguridad y vida de una funcionaria pública como fue Rita Olivares”. Además, señaló que si se determina que hubo negligencia o falta de servicio por parte del Estado, la familia estaría considerando la opción de demandar al fisco o al Estado para pedir una indemnización justa.
La pareja de la víctima, Luis Tapia, también se refirió a la situación de Carabineros, destacando que faltan equipamientos, entrenamiento y capacitaciones para los efectivos policiales. “No es posible que ellos disparen una vez al año en prácticas de tiro y que los delincuentes disparen todos los días teniendo mejor armamento que Carabineros. ¿Cómo igualas eso? Se supone que Carabineros debería estar arriba de los delincuentes”, afirmó Tapia. Agregó que la falta de equipamiento es notoria, al punto que algunos funcionarios deben pasar su chaleco antibalas de turno en turno.
La familia de Rita Olivares busca justicia y espera que se establezca si hubo negligencia en la protección de su familiar. “Ya ha pasado un mes y no hemos visto mucho apoyo por parte del Estado”, dijo Tapia. Por su parte, el abogado González enfatizó en que se trata de un deber del Estado velar por la seguridad de los funcionarios públicos, por lo que es importante determinar si se cumplió o no con esa obligación.
La querella presentada busca obtener las penas más altas para los responsables del crimen, así como solicitar las diligencias necesarias para determinar si el Estado cumplió o no con su deber de proteger a Olivares. Con esto, la familia busca hacer justicia y determinar si hubo negligencia en el resguardo de la vida de su familiar.