El Senado sucedió con una amplia mayoría de la “Ley Naín-Retamal”, que busca reforzar y proteger la función de Carabineros, Policía de Investigaciones, Gendarmería, la policía marítima y de aeronáutica civil.
La iniciativa fue aprobada por 40 votos a favor y 5 en contra en su idea de legislar y fue despachada a tercer trámite constitucional. Durante la discusión y votaciones, se lograron acuerdos en torno a la regulación de la presunción de la legítima defensa y mantener dicha regulación en el Código Penal.
Sin embargo, algunos senadores expresan reservas de constitucionalidad en relación a otras normas, como el artículo primero sobre el estatuto de protección. Al finalizar la votación, el Presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, valoró el trabajo desarrollado por los distintos sectores políticos y al Ejecutivo. La iniciativa busca entregar certezas jurídicas y garantías respecto al actuar de las fuerzas de seguridad y proteger a las policías, gendarmería y las Fuerzas Armadas en su labor. Algunos senadores plantearon resolver los aspectos confusos en una Comisión Mixta o con un veto presidencial.
El debate en particular sobre el estatuto de protección para funcionarios policiales y militares en el Código Penal tuvo lugar recientemente, donde la ministra de Segpres, Macarena Lobos, señaló que el Ejecutivo buscó incluir esta protección en el Código de Justicia Militar. Sin embargo, debido a un acuerdo transversal, se decidió agregar nuevos párrafos al Código Penal para incorporar la protección. A pesar de que se mantuvo la indicación para el artículo 1 con el objetivo de asegurar la proporcionalidad de la pena, la mayoría de los votos rechazaron la indicación y se mantuvo íntegro el artículo 1. La senadora Yasna Provoste anunció su reserva de constitucionalidad argumentando que no protege a las policías, termina judicializando y afecta al principio de legalidad y proporcionalidad, mientras que el senador José Miguel Insulza y la senadora Claudia Pascual argumentaron a favor y el senador Felipe Kast en contra.
En relación a las penas sustitutivas, estas no procederán para aquellos delitos contra la vida y la integridad física de los funcionarios de Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, Gendarmería de Chile, Fuerzas Armadas y servicios de su dependencia en el cumplimiento del deber, exclusivamente en el marco de funciones de resguardo del orden público, tales como durante estados de excepción constitucional, protección de la infraestructura crítica, resguardo de fronteras y funciones de policía, cuando correspondan, u obrando en el marco de sus funciones fiscalizadoras. A pesar de que se solicitaron votaciones separadas para todos los artículos, la mayoría de los votos no alcanzó la mayoría.
Se intentó reponer la indicación para contar con registros a través de cámaras, pero fue declarada inadmisible. No obstante, la ministra del Interior, Carolina Tohá, precisó que el Ejecutivo considerará la idea y pondrá como norma obligatoria el uso de las cámaras corporales, lo que se presentará en el proyecto sobre el uso de la fuerza. Además, se presentó una nueva redacción de la norma que regula la legítima defensa en el Código Penal, acotando la presunción en casos en que está en juego la vida o la integridad de los funcionarios policiales o de terceros, lo que fue valorado por los senadores.
Por último, se concluyó una indicación renovada con el fin de reestablecer la responsabilidad penal del mando y otra, con respecto a precisar el delito de apremios ilegítimos. Estos aspectos fueron especialmente valorados por los senadores ya que se precisan las garantías de los derechos humanos.